Al amparo de facultades para implementar el TLC con los Estados Unidos. Son decretos que vulneran el derecho de las comunidades indígenas y ponen en riesgo los bosques amazónicos.
El Ejecutivo fue más allá de lo permitido y excedió las facultades para legislar sobre materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con los Estados Unidos.
Esta es la conclusión a la que llegó la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), integrada por organizaciones como Cepes, Desco, Grupo Propuesta Ciudadana, Conveagro, entre otras.
Se trata de 99 decretos legislativos aprobados, de los cuales 26 están vinculados a la agricultura y 23 al medio ambiente.
De estos algunos son inconstitucionales, otros ponen en riesgo los bosques amazónicos y a las comunidades campesinas e indígenas, y muchos trascienden a la implementación del acuerdo comercial.
Esta es la conclusión a la que llegó la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), integrada por organizaciones como Cepes, Desco, Grupo Propuesta Ciudadana, Conveagro, entre otras.
Se trata de 99 decretos legislativos aprobados, de los cuales 26 están vinculados a la agricultura y 23 al medio ambiente.
De estos algunos son inconstitucionales, otros ponen en riesgo los bosques amazónicos y a las comunidades campesinas e indígenas, y muchos trascienden a la implementación del acuerdo comercial.
FOCO DE CONFLICTOS
Por ejemplo, el DL Nº 1064 viola el derecho de las comunidades campesinas y nativas a ser consultadas porque elimina la obligación del acuerdo previo para el acceso a tierras comunales por las industrias extractivas.
Esta norma presenta problemas similares al DL Nº 1015, derogado recientemente a raíz de las protestas de indígenas de las etnias aguaruno-huambisas.
A su vez el DL Nº 1090 "Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre" , aprobado sin ninguna consulta y sin ningún medio de participación, incentiva la deforestación de los bosques amazónicos.
En tanto el Decreto Legislativo Nº 997 modifica la organización del Ministerio de Agricultura y crea la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Este decreto se encuentra fuera del alcance de la delegación de facultades.
Además están los DL 1083 y 1077 que autorizan la venta de agua.
Normas más allá del TLC
Al obtener facultades legislativas para facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos, el Gobierno aprovechó para aprobar normas que eran parte de su agenda interna, afirmó Carlos Monge, representante de la ONG Desco. "El gobierno ha querido relajar, complicar, enredar todo lo que son los estándares ambientales en el Perú con el propósito de generar un tercer ciclo de inversión privada. Para ello debe eliminar el derecho a la propiedad de tierras por parte de las comunidades y las regulaciones ambientales".
Subrayó que al haber excedido las facultades otorgadas, lo único que queda es la derogatoria parcial o total de los decretos inconstitucionales. La última palabra, dijo, la tiene el Legislativo o el Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, el DL Nº 1064 viola el derecho de las comunidades campesinas y nativas a ser consultadas porque elimina la obligación del acuerdo previo para el acceso a tierras comunales por las industrias extractivas.
Esta norma presenta problemas similares al DL Nº 1015, derogado recientemente a raíz de las protestas de indígenas de las etnias aguaruno-huambisas.
A su vez el DL Nº 1090 "Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre" , aprobado sin ninguna consulta y sin ningún medio de participación, incentiva la deforestación de los bosques amazónicos.
En tanto el Decreto Legislativo Nº 997 modifica la organización del Ministerio de Agricultura y crea la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Este decreto se encuentra fuera del alcance de la delegación de facultades.
Además están los DL 1083 y 1077 que autorizan la venta de agua.
Normas más allá del TLC
Al obtener facultades legislativas para facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos, el Gobierno aprovechó para aprobar normas que eran parte de su agenda interna, afirmó Carlos Monge, representante de la ONG Desco. "El gobierno ha querido relajar, complicar, enredar todo lo que son los estándares ambientales en el Perú con el propósito de generar un tercer ciclo de inversión privada. Para ello debe eliminar el derecho a la propiedad de tierras por parte de las comunidades y las regulaciones ambientales".
Subrayó que al haber excedido las facultades otorgadas, lo único que queda es la derogatoria parcial o total de los decretos inconstitucionales. La última palabra, dijo, la tiene el Legislativo o el Tribunal Constitucional.
La República, 22/10/2008
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